En el marco de los treinta años de prisión que cumple Oscar López Rivera luchador anticolonial condenado por la causa de
la libertad de Puerto Rico y cuya sentencias impuestas ascienden a 70 años de
prisión. Difundimos los micros que hiciera la camarada periodista Jessica Dos Santos.
Cuba y Puerto Rico son
De un pájaro las dos alas,
Reciben flores y balas
Sobre el mismo corazón...
El caso de Oscar López Rivera y su necesaria libertad
Micros producidos por Jessica Dos Santos - La Radio del Sur
Mientras
extinguía una condena de 63 años en una prisión de Estados Unidos, la
ex prisionera política puertorriqueña Dylcia Pagán, indicó lo siguiente:
“… los que internalizamos el valor y el sacrificio estamos
convencidos que nuestro movimiento de liberación nacional no cobraría
fuerzas sin personas dispuestas a prescindir de su libertad a cambio de
la de su pueblo.”
Este año se cumplen treinta años de prisión de uno de los hijos de
este pueblo y luchador anticolonial condenado por la causa de la
libertad de Puerto Rico. Nos referimos a Oscar López Rivera, el
prisionero político más antiguo del Hemisferio, quien continúa
extinguiendo en una prisión federal dos sentencias que en conjunto suman
70 años de cárcel.
Nacido en 1943 y veterano del la Guerra de Vietnam donde fue
condecorado por su valor en combate, a su regreso a Chicago donde
residía, Oscar se integró muy pronto a las luchas de su comunidad en
defensa y afirmación de los derechos de los puertorriqueños. Allí
radicalizó su pensamiento tornándolo en acción diaria en pro de la
libertad de Puerto Rico. Junto a otros compañeros y compañeras, se
integró a la lucha organizada en lo que alguien llamó alguna vez la
retaguardia de nuestro pueblo, para así, desde las propias entrañas del
monstruo imperialista, impulsar la independencia de su Patria.
Su captura se produjo en 1981. Un año antes, en 1980, sus compañeros
de lucha Haydee Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez, Elizam Escobar,
Carmen Valentín, Carlos Alberto Torres, Dylcia Pagán, Adolfo Matos,
Alicia Rodríguez e Ida Luz Rodríguez habían sido capturados. Más
adelante, en 1983, ocurriría lo mismo con Alejandrina Torres, Edwin
Cortés y Alberto Rodríguez. Antes, también había sido capturado en la
ciudad de Nueva York, otro luchador puertorriqueño William Guillermo
Morales. Todos ellos asumieron al momento de sus capturas la condición
de prisioneros de guerra. Como tales, reclamaron la condición de
combatientes anti coloniales no reconociendo la jurisdicción de los
tribunales de Estados Unidos por lo que demandaron ser procesados por un
tribunal internacional o por un tribunal de un tercer país que no
formara parte del conflicto anti colonial entre Puerto Rico y Estados
Unidos.
De acuerdo con el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, la
protección que dicho Convenio Internacional reconoce a los prisioneros
de guerra, se extiende también a personas capturadas en conflictos o
luchas contra la ocupación colonial, la ocupación de un país por parte
de regímenes racistas y a aquellos otros que participan de luchas por la
libre determinación de sus pueblos. Así lo ratifica también la
Resolución 2852 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
20 de diciembre de 1971 y la Resolución 3103 (XXVIII) del 13 de
diciembre de 1973, cuando establece:
“Todo participante en los movimientos de resistencia, luchando por la
independencia y la autodeterminación si es arrestado, tiene que recibir
el tratamiento estipulado en la Convención de Ginebra.”
De acuerdo con el referido protocolo, un prisionero de guerra no
puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal
procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en
una lucha anti colonial.
El carácter político de los procesos legales seguidos por Estados
Unidos contra estos prisioneros lo establece la naturaleza de las
acusaciones hechas por Estados Unidos contra ellos, donde se les imputó
conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos. A lo
anterior se suma el carácter desproporcionado de las sentencias
impuestas. En el caso de la mujeres capturadas, el promedio de las
sentencias impuestas fue de 72.8 años; mientras que en el caso de los
varones, el promedio fue de 70.8 años. En el caso particular de Oscar,
las sentencias impuestas ascienden a 70 años de prisión.
A través de los años, múltiples resoluciones del Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas han demandado del gobierno de
Estados Unidos la excarcelación de los prisioneros políticos
puertorriqueños. Tribunales especiales convocados desde la sociedad
civil igualmente han demandado su excarcelación y denunciado
específicamente las condiciones bajo las cuales se les ha mantenido
encarcelados. Tales fueron los pronunciamientos del “Tribunal Permanente
de los Pueblos”, el cual sesionó durante los días 27 al 29 de enero de
1989 y del “Tribunal Especial Internacional sobre Derechos Humanos de
los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y
Cárceles de Estados Unidos”, llevado a cabo los días 7 al 10 de
diciembre de 1990 en la ciudad de Nueva York.
En el caso de Oscar López Rivera, durante la Administración de
William Jefferson Clinton, en ocasión del indulto que fuera conferido a
la mayoría de los prisioneros políticos puertorriqueños que para
entonces habían cumplido cerca de 20 años de prisión, se ofreció la
posibilidad de la excarcelación de Oscar López Rivera unos años después
de la salida del primer grupo. Esta oferta fue rechazada por Oscar
mientras permanecieran encarcelados otros de sus compañeros, como era el
caso de Carlos Alberto Torres y Haydee Beltrán. Estos últimos, sin
embargo, ya se encuentran fuera de prisión. Al presente, a pesar el
comportamiento ejemplar que Oscar ha mantenido en prisión en los pasados
30 años, la Junta de Libertad Condicional le niega la posibilidad de
una salida de prisión.
Al reclamo por la excarcelación de Oscar López Rivera se ha sumado
básicamente la totalidad del pueblo puertorriqueño. Dirigentes
políticos, religiosos, comunitarios, representantes del movimiento
obrero, de los gremios profesionales, el sector cooperativista,
organizaciones juveniles y estudiantiles; en fin, el más amplio conjunto
de representantes de la sociedad civil puertorriqueña, demandan la
excarcelación de Oscar. Igual ha ocurrido en amplios sectores de la
comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, así como otros importantes
reclamos desde la comunidad internacional.
Estados Unidos no puede estar pregonando por el mundo un reclamo de
respeto a derechos humanos cuando mantiene en su propio suelo
prisioneros políticos, encarcelados como resultado de su lucha
anticolonial como es el caso Oscar López Rivera.
La persecución por parte del gobierno de Estados Unidos contra
aquellos que luchan por la independencia de Puerto Rico ha sido una
constante en nuestro país a lo largo de los pasados 113 años de
colonialismo impuestos como resultado de la Invasión de 1898. Sobre el
particular, el profesor José “Ché”Paraliticci, en su libro Cien Años
tras las rejas: Historia de los presos independentistas puertorriqueños
bajo el régimen de Estados Unidos, indica
“Desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y comenzó a
regir política y militarmente sobre el país, no ha habido una sola
década en que algún independentista no haya ido a la cárcel, tal vez
con la excepción de la década del veinte. No obstante, en todos los
demás periodos, comenzando en 1899, se ha acusado al independentismo
de violar infinidad de leyes y, como consecuencia, sentenciados a
prisión tanto en Puerto Rico como en el propio Estados Unidos. Al
independentismo se le ha imputado haber violado la ley del correo,
del servicio militar obligatorio, de armas, de explosivos, del gran
jurado y de la mordaza. También se les ha acusado de conspiración,
sedición, agresión, desacato, incitación a motín y penetrar sin
autorización a propiedad de los Estados Unidos en Puerto Rico, entre
otras. Por estas acusaciones son cientos de independentistas lo
que han estado tras las rejas a lo largo de este siglo.
El independentismo sentenciado durante estos cien años no ha
sido únicamente el puertorriqueño residente en Puerto Rico. Asimismo,
han estado en prisión puertorriqueños residentes en Estados Unidos
tanto como no puertorriqueños simpatizantes de la lucha de
independencia puertorriqueña.”
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien tiene a su
alcance el ejercicio del indulto presidencial, se propone visitar a
Puerto Rico el próximo 14 de junio dentro del marco de una reunión del
llamado Comité Interagencial de Casa Blanca. El Presidente Obama se ha
expresado en los pasados dos años indicando que reconoce el derecho a la
libre determinación del pueblo puertorriqueño. Más aún, ha indicado la
importancia de que los puertorriqueños nos pongamos de acuerdo en
asuntos que competen a nuestra libre determinación. La libre
determinación de un pueblo no es posible con la presencia de prisioneros
políticos en cárceles del imperio cumpliendo prisión como resultado de
su lucha anticolonial. Los puertorriqueños tenemos un consenso en la
demanda de la excarcelación de Oscar López Rivera.
Entre las muchas deudas que tiene Estados Unidos con el pueblo
puertorriqueño se encuentra la excarcelación de nuestros prisioneros
políticos, particularmente la de Oscar, quien ya lleva tres décadas en
cárceles del imperio. Ya es hora de que Oscar regrese a su casa, a su
familia, a su pueblo que le admira y respeta. Es la hora de su libertad.
Jessica Dos Santos
